EL CASO FUJIMORI:

ACUSACION FINAL DE FISCALIA, MUCHA PASION, AUSENCIA DE PRUEBAS, Y ERROR EN AUTORIA MEDIATA.
FISCALIA REITERO ACUSACION
Ha culminado los alegatos de la Fiscalía Suprema en el juicio a Alberto Fujimori en los que reitera que el ex jefe de Estado debe ser condenado a 30 años de prisión por ser responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde ha solicitado el pago de 100 millones de soles de reparación civil a favor de los familiares de las víctimas y de 300 mil soles a favor de cada uno de los agraviados por el delito de secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
ACUSACION FUE DESORDENADA.
Creemos que la fiscalia no ha sido explicita y clara para fundamentar su acusación, no fue coherente en su narración metodologica de los hechos probados, tampoco ha colocado en cada afirmación la prueba concreta que la Sala debe valorar perdiéndose en subjetividades y rasgos de odio y venganza por los hechos ocurridos, producto de una débil acusación, fruto de una pésima y controvertida investigación técnica de los hechos y una defectuosa teoría de caso.
La acusación fiscal debe contener la apreciación de las pruebas actuadas, la relación ordenada de los hechos probados y de aquellos que, a su juicio, no lo hayan sido; la calificación del delito y la pena y la reparación civil que propone.
Sin embargo, la Fiscalia ha reiterado innecesariamente y en forma desordenada su acusación de lo que estima que son los hechos probados. Esta se enfoco en la supuesta decisión de aplicar una ‘estrategia clandestina’ para combatir el terrorismo y al papel de Montesinos, dentro de un aparato de poder que se construyó con la finalidad de combatir al terrorismo donde Fujimori utilizara métodos de guerra sucia.
De esta manera la Fiscalía reafirmo la culpabilidad del ex mandatario en violaciones a los derechos humanos. Sostuvo que entre los años 1991 y 1992, se aplicó una estrategia paralela o la denominada ‘guerra sucia’ para luchar contra la subversión, la cual fue aprobada por el ex mandatario.
También puso énfasis en explicar al tribunal que, como parte de esta estrategia de guerra, se creó el grupo Colina, cuyos integrantes ejecutarían las órdenes establecidas, tales como las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta. Este plan paralelo se elaboró y planificó en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), jefaturado ilegalmente por Montesinos con el aval del ex presidente. En un tercer eje, se trato la teoría de la autoría mediata para explicar la imputación que recae contra el ex mandatario

Como prueba señala el Ministerio Publico que Alberto Fujimori vivió en el SIN junto con Vladimiro Montesinos, quien antes y después de esas citas con el presidente se encontraba con Martín Rivas. Un grupo de agentes de Colina fue reconocido, primero, con una felicitación y, luego, con una recomendación de ascensos, emitido por el propio Fujimori. También se ha señalado que el embajador Anthony Quainton, por encargo del Gobierno de EE.UU., dijo a Fujimori, en 1991, que en el caso Barrios Altos estaban involucrados agentes de Inteligencia del Ejército. Por otro lado se ha señalado que el destacamento Colina continuó operando después de Barrios Altos y de la advertencia del embajador, mientras que Fujimori, en sus discursos en los institutos armados, siguió apoyando la lucha clandestina.

La Fiscalia señala que el propio general Nicolás Hermoza agasajó a los integrantes de Colina en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército. Fujimori dio un discurso televisivo anunciando la eliminación de los terroristas. Fujimori conoció los crímenes de Colina no solo por canales oficiales, sino por los medios de prensa nacionales e internacionales. Fujimori impulsó y aplicó la Ley Cantuta y la Ley de Amnistía para sustraer de responsabilidad penal a los agentes de inteligencia.

Los integrantes del destacamento Colina sabían que se les iba a amnistiar antes de que este beneficio les fuera otorgado. Luego de la matanza de La Cantuta se realizó, con pleno conocimiento de Alberto Fujimori, un paseo de tanques para amedrentar a la oposición del Congreso a fin de que no investigara este caso. También se ha señalado que Alberto Fujimori abandonó el país, en noviembre de 2000, para intentar librarse de su responsabilidad en los casos de corrupción y violación de derechos humanos.
FISCALES NO PUDIERON PROBAR ACUSACION
Repitió en forma desordenada que Alberto Fujimori es autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Que el ex mandatario tuvo dominio concreto y real sobre el aparato de poder. Pero este dicho no ha sido corroborado con prueba idónea alguna. Que el destacamento Colina formaba parte de este. Que el aparato de poder se construyó con la finalidad de combatir al terrorismo y Fujimori utilizó métodos de guerra sucia.

La Fiscalia señala que la defensa dice que fujimori solo se expresaba con directivas presidenciales en cuanto al problema de la subversión. En relación a la discusión entre las partes procesales para demostrar la existencia de una estrategia paralela, la fiscalia sostiene firmemente que esta existió por el destacamento colina como política sistemática de la eliminación de personas, y por haber ordenado la estrategia paralela que no pudo aplicarse sin su orden aprobación y conocimiento, ya que controlo totalmente la actividad del ejercito con Montesinos, pero esta afirmación tampoco la pudo probar en su acusación.
Otro argumento de la Fiscalia es que el ex comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, ordenó condecorar en 1994 a tres ex agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que conformaron el Destacamento Colina, dos de los cuales habían sido condenados por el fuero militar por su participación en el caso La Cantuta.
Señalo que “Cuando (Hermoza Ríos) otorgó esa condecoración, no había duda que el Destacamento Colina fue autor de ese crimen. Lo hizo como un engranaje del Aparato de Poder y porque tenía un compromiso de impunidad”, la fiscalia no aporto la prueba pertinente que acredite que Fujimori ordeno los actos investigados.
En cuanto a las ordenes de fujimori, tampoco coloco prueba científica de las ordenes a a los militares, señalando que incorporó al debate oral unos 30 documentos, en su mayoría declaraciones periodísticas brindadas por el propio Fujimori, en las que afirmaba que él daba órdenes a los militares, pero esta no resulta una prueba idonea para el caso.

FISCALES NO ARMARON UNA BUENA TEORIA DE CASO

Por otro lado insistir en condenar a Fujimori en base a la teoría de la autoría mediata es un error de dogmática. Por eso el penalista alemán Jakobs explica que al igual que cualquier autor puede valerse de instrumentos mecánicos para su accionar delictivo, se pueden ‘usar’ a otras personas de la misma forma.

Pero no como objetos inertes, sino como personas actuantes. A través del error o la coacción. Si fujimori coacciono a los integrantes del grupo colina, entones ellos serian inocentes, si actuaron en error también, que no es el caso ya que la autoría mediata no es posible en la actuación plenamente delictiva del ejecutor.

Aquí es donde se cae la teoría de la autoría mediata reelaborada por Claus Roxin para condenar a los valientes militares alemanes por la supuesta eliminación de hebreos sionistas, tesis que siguió erróneamente la fiscalia, peor aun si no ha precisado con documento o evidencia probatoria alguna que Fujimori dio las ordenes para que se lleven a cabo los asesinatos y secuestros. .

Una acusación motivada no necesita ser tan extensa y repetitiva, por que ello solo produce cansancio en los que lo escuchan, solo debe precisarse claramente los hechos probados y la prueba que la sustenta. No por hablar extensamente se tiene la razón. .

HECTOR MANUEL CENTENO BUENDIA **

Maestría en Ciencias Penales por la UPG-UNMSM
Estancia en la Universidad del Externado- Bogota. Colombia. .
Ha sido Profesor Ayudante de cátedra en la UNMSM y PUCP-Profesor de Derecho Penal en la Universidad Privada San Juan Bautista.
Ha sido Profesor Asociado en la AMAG
Conferencista en el Ministerio Público y Ministerio de Justicia.
Conferencista en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
Ex Abogado Consultor de la Procuraduría Publica Anticorrupción para los casos Fujimori Montesinos.
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