Entre los criminales, de la época del terror en el Perú, que recibieron “felicitación por las exitosas operaciones” del reo Alberto Fujimori por los crímenes de la Universidad la Cantuta, los asesinatos de Barrios Altos, y otras atrocidades; y que además obtuvo “calificación sobresaliente” por el reo rematado y presidiario Juan Rivero Lazo, jefe de la Dinte, destaca el cabecilla de la cadena de mando de la despiadada organización criminal “Grupo Colina”, Enrique Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, alias “potro”.

Este individuo, después de vivir prófugo durante 8 años, fue capturado en su cubil en enero del año 2002 por la Policía Nacional, inmueble que había arrendado con identificación falsa, sito en la calle Doña Elvira Nº 208 departamento 303, Urbanización Los Rosales de San Borja de Lima; acusado de crímenes contra la humanidad o genocidio: Asesinatos colectivos de nueve estudiantes [entre ellos dos mujeres] y un profesor de la Universidad La Cantuta; asesinatos de quince personas -jóvenes, mujeres, y un niño de ocho años- en Barrios Altos de Lima; asesinatos de Pedro Huillca Tecce, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú; del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante; asesinato de seis personas en Pativilca; los crímenes de seis miembros de la familia Ventocilla, y otros siete de la familia Rodríguez, en Huaura; desaparición forzada de personas; torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia, lesiones graves; que solamente representan la punta del iceberg; ya que se investigan otras atrocidades encubiertas, cometidas por este grupo criminal que se asoció para delinquir.

Haciendo memoria, este siniestro personaje, jefe del escuadrón de la muerte, en el momento de su captura, tenía en su poder un falso D.N.I. Nº 015481300 que lo identificaba con un nombre postizo. Esta conducta delictiva, es muy propia del hampa que vive hurgando en los bajos fondos. Representa un grave atentado, no solamente contra el propietario del inmueble que conducía como inquilino, a quien defraudó induciéndolo al error, sino, lo que es más grave, contra las instituciones jurídicas del Estado Peruano, a quien, como militar debe respeto y sumisión porque así ha sido formado: con amor a la patria, con respeto a sus instituciones tutelares, y con la permanente y disciplinada disposición de defender su soberanía. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no se sabe, hasta ahora, si el Procurador del RENIEC lo ha denunciado ante Ministerio Público, ni menos si ha sido condenado por los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de justicia.

La libertad de Rodríguez fue dictada, en el año 2005, por el Quinto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima, que despachaba la jueza Antonia Saquicuray, y la concedió por exceso de carcelería sin sentencia. Sin embargo, repito, lo que hasta ahora no se conoce, es si esta conducta delictiva fue denunciada por el Procurador del RENIEC ante el Ministerio Público, por los delitos contra la Fe Pública -Falsedad ideológica- en agravio del Estado. Recordemos que su cómplice, el tristemente célebre Alberto Fujimori, por delitos de allanamiento de morada y usurpación de funciones, cuya punición es menor, fue condenado a seis años de prisión efectiva.

Al parecer, desde el interior de los cuarteles, los miembros del Ejército peruano en actividad, se dan maña para estafar al Estado con fraudes y robos de elevado octanaje, que han alcanzado dimensiones alarmantes. La dolosa conducta fraudulenta de estos personajes, continúa aun después de haber pasado al retiro. Y el caso más evidente, es la comisión delictiva perpetrada por Enrique Rodríguez, quien defraudó a la Nación con una falsa identificación para burlar la acción persecutoria de la Justicia y de la Policía Nacional.

Ahora que, nuevamente está citado a estrados con toda su gavilla de asesinos, para responder ante el mundo sobre sus perversas y abominables atrocidades, es necesario que la Primera Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Lima, establezca el grado de responsabilidad de la conducta delictiva de Rodríguez, que luego de sus nefandos asesinatos y otros no menos horrendos crímenes contra la Nación, dirigió posteriormente su agresión contra el Estado peruano, el que a través del caballerizo en un cuartel militar, lo formó para que cumpla con respetar y hacer respetar los símbolos nacionales, las instituciones y las leyes.

Dr. Alejandro Cruzado Balcázar

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Este individuo, después de vivir prófugo durante 8 años, fue capturado en enero del año 2002 por la Policía Nacional en el inmueble, que había arrendado con identificación falsa y que le servía de cubil, sito en la calle Doña Elvira Nº 208 departamento 303, Urbanización Los Rosales de San Borja de Lima; acusado de crímenes contra la humanidad o genocidio: Asesinatos colectivos [ejecuciones extrajudiciales], de estudiantes, mujeres y niños; asesinatos de Pedro Huillca Tecce, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú; del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante; desaparición forzada de personas; torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia, lesiones graves y otras atrocidades encubiertas, cometidas por este grupo criminal asociado para delinquir.

Haciendo memoria, este siniestro personaje, en el momento de su captura, tenía en su poder un falso D.N.I. Nº 015481300 que lo identificaba con un nombre postizo. Esta conducta delictiva es muy propia del hampa que vive hurgando en los bajos fondos. Representa un grave atentado no solamente contra el propietario del inmueble que conducía como inquilino, a quien defraudó induciéndolo al error, sino, lo que es más grave, contra las instituciones jurídicas del Estado Peruano, a quien, como militar debe respeto y sumisión porque así ha sido formado: con amor a la patria, con respeto a sus instituciones tutelares, y con la permanente y disciplinada disposición de defender su soberanía. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no se sabe, hasta ahora, si el Procurador del RENIEC lo ha denunciado ante Ministerio Público, ni menos si ha sido condenado por los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de justicia.

La libertad de Rodríguez fue dictada, en el año 2005, por el Quinto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima, que despachaba la juez Antonia Saquicuray, y la concedió por exceso de carcelería sin sentencia. Sin embargo, lo que hasta ahora no se conoce, es si esta conducta delictiva fue denunciada por el Procurador del RENIEC ante el Ministerio Público, por los delitos contra la Fe Pública -Falsedad ideológica- en agravio del Estado. Recordemos que su cómplice, el tristemente célebre Alberto Fujimori, por delitos de allanamiento de morada y usurpación de funciones, cuya punición es menor, fue condenado a seis años de prisión efectiva.

Al parecer, desde el interior de los cuarteles, los miembros del Ejército peruano en actividad, se dan maña para estafar al Estado con fraudes y robos de elevado octanaje, que han alcanzado dimensiones alarmantes. La dolosa conducta fraudulenta de estos personajes, continúa aun después de haber pasado al retiro. Y el caso más evidente, es la comisión delictiva perpetrada por Enrique Rodríguez, quien defraudó a la Nación con una falsa identificación para burlar la acción persecutoria de la Justicia y de la Policía Nacional.

Ahora que, nuevamente está citado a estrados con toda su gavilla de asesinos, para responder ante el mundo sobre sus perversas y abominables atrocidades, es necesario que la Primera Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Lima, establezca el grado de responsabilidad de la conducta delictiva de Rodríguez, que luego de sus nefandos asesinatos y otros no menos horrendos crímenes contra la Nación, dirigió posteriormente su agresión contra el Estado peruano, el que a través del caballerizo de un cuartel militar, lo formó para que cumpla con respetar y hacer respetar los símbolos nacionales, las instituciones y las leyes.

Dr. Alejandro Cruzado Balcázar

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